La Comisión Europea propone extender la exclusión de la aviación internacional del EU ETS

 

 

Un borrador del reglamento de la fase 4 del Sistema de Comercio de la Unión Europea (UE), publicado el 3 de febrero de 2017 por la Comisión Europea, propone modificar la Directiva Sobre el Comercio de Derechos de Emisión de la UE para extender la exclusión de los vuelos internacionales del sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea. En 2008, se limitó la cobertura del sector de aviación a los vuelos dentro del Espacio Económico Europeo (EEA) hasta 2016. Esta decisión se produce en el contexto del reciente acuerdo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de introducir un Esquema voluntario de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA) con fecha de lanzamiento anticipado de 2021.

CORSIA es un mecanismo de mercado que tiene como objetivo estabilizar las emisiones de la aviación internacional. Requiere que el sector compense cualquier crecimiento de las emisiones más allá de los niveles de 2020, utilizando como línea base la media de emisiones de CO2 de 2019-2020 de los vuelos entre los estados participantes. Se espera que la OACI publique normas detalladas para CORSIA en 2017 y apruebe el esquema en 2018. Una vez que exista mayor claridad sobre el reglamento de CORSIA, la Comisión Europea presentará una nueva evaluación de su ETS en materia de aviación.

Hasta 2020, el límite de la aviación del ETS de la UE se establece en 5% por debajo de las emisiones promedio del sector de 2004-2008. Los derechos de emisión se distribuyen a las compañías aéreas que operan en Europa principalmente de forma gratuita (82%), con un 15% de los derechos distribuidos mediante subasta y un 3% en una reserva especial. Según la propuesta de la Comisión, esta cuota se mantendría hasta 2020 y, a partir de 2021, el límite máximo para el sector de la aviación disminuiría con el mismo factor de reducción que se aplica a otros sectores cubiertos por el régimen en la fase 4.

A continuación, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo examinarán la propuesta y adoptarán una postura antes de comenzar los primeros debates sobre el documento, que aún están por programarse. 

 

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